ONIC

Los  procesos  sociales  y  comunales  que  conforman  la  Comisión  por  la  Vida,  la Reconciliación y la Paz del Catatumbo y las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribimos este comunicado, denunciamos la ocurrencia de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza pública, y reiteramos que la alta militarización del territorio como medida  impuesta  por  el  Gobierno  Nacional,  profundiza  el  riesgo  a  la  vida  de  las comunidades y sus liderazgos sociales, y se alejan cada vez más las promesas de paz para la región.

Tan solo en la última semana se han registrado distintos hechos donde las comunidades señalan al Ejército Nacional de violentar los derechos humanos. El pasado 20 de abril, desde el puesto militar del Ejército Nacional ubicado en la parte alta de la vereda San Luis, en el municipio de San Calixto, dispararon contra los líderes sociales Olger Pérez de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, Nicolás López del Comité de Integración del Catatumbo Cisca y Horacio Ramírez vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.

Así mismo, el pasado 22 de abril cerca a la base militar ubicada en la vereda Carrizal en el municipio de Convención, fue asesinado Dimar Torres, integrante del Partido FARC que se encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil. Como agravante, el Ministro de Defensa justifica el hecho como un forcejeo, que en ningún caso explica los tres impactos de fuego y la denuncia de las comunidades que sorprendieron a soldados del Ejército Nacional intentando ocultar el cuerpo y la moto del señor Torres, en una fosa dentro de la zona custodiada por la Fuerza Pública. Con su pronunciamiento el Ministro intenta una vez más, deslegitimar las denuncias de las comunidades y minimizar los riesgos evidentes de la alta militarización del territorio.

El día 23 de abril miembros del Ejército Nacional de la base de La Gabarra retuvieron ilegalmente a un grupo de campesinos que se disponían a participar de la movilización nacional. Los militares acompañados de dos hombres de civil, detuvieron los vehículos, obligaron  a  bajar  a  los  campesinos,  les  tomaron  fotografías  a  sus  rostros  y  a  sus documentos de identificación. Sólo pudieron continuar con la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos acompañantes.

Estos hechos se suman a las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales que realizaron dos misiones de verificación entre el 1 y 7 de marzo y el 2 y 3 de abril en los municipios de El Carmen (veredas Alto Bobalí, El Tigre y el Paraíso), Teorama (Veredas Piedras de Moler, La Llana Baja, el Barrio Filito de Oro, Vereda La Cristalina y El Tarra (Vereda Bracitos), en donde se constató la implementación de prácticas arbitrarias por parte de la Fuerza Pública, como allanamientos sin orden judicial, patrullajes con personas encapuchadas, empadronamientos, intimidación y disparos que consolidan un ambiente de estigmatización generalizada contra la población civil.

Ante  esta  preocupante  situación,  hacemos  un  llamado  al  Estado  Colombiano  en  su conjunto, a centrar todas las miradas en la región del Catatumbo con el fin de proteger a la población civil y manifestamos nuestra voluntad de acompañamiento y respaldo a las distintas iniciativas que se han planteado desde la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, entre las cuales destacamos las siguientes:

• Misiones  conjuntas  de  verificación  humanitaria  en  el  Alto  y  Bajo  Catatumbo  a realizarse en las próximas semanas.
  Visita de la Comisión de Paz del Congreso de la República a la vereda CampoAlegre, municipio de Convención el sábado 27 de abril.
  Fortalecimiento  de  los  mecanismos  de  autoprotección,  seguimiento  y  denuncia frente a violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH que han sido construidos por las organizaciones sociales y comunales del territorio.
  Ampliación de las denuncias públicas en instancias nacionales e internacionales.
  Encuentro Regional por la Vida y la Paz del Catatumbo como un espacio legítimo de las comunidades para consolidar propuestas de vida digna en la región.
  Seguimiento al proceso de reincorporación comunitaria de los integrantes de FARC, así como la verificación de los riesgos que enfrentan en el actual contexto.

Insistimos en la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos y del DIH por parte de todos los actores armados en la región del Catatumbo. A las instituciones de orden municipal, departamental y nacional, así como a los organismos internacionales, les solicitamos:

• Activar las rutas y protocolos de acompañamiento y seguimiento a las denuncias presentadas.
  Garantizar la vida, honra y seguridad de los habitantes de la región del Catatumbo.
  Al Inspector General de las Fuerzas Militares, investigar el comportamiento de los militares comprometidos con las violaciones denunciadas por la comunidad y organizaciones defensoras de DDHH.
  Al Procurador General de la Nación, investigar la conducta de los miembros de la Fuerza Pública comprometidos con las agresiones a la población civil.
  A la Comisión y Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Consejo Departamental de Paz garantizar el derecho a la participación social y política de los líderes sociales y comunales, y promover acciones concretas contra la estigmatización sobre la población civil y las personas pertenecientes al partido FARC.
  Acompañar las misiones de verificación humanitaria programadas y reconocer en laComisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo un espacio legítimo de coordinación con las organizaciones sociales y comunales del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad de la región del Catatumbo y con la construcción de paz en el país. La salida política y negociada  del conflicto armado, el cumplimiento del Acuerdo firmado con las FARC y un esfuerzo contundente de inversión social, son las únicas garantías que harían posible una transformación real en las condiciones de vida de las comunidades de esta región. No descansaremos hasta que el Catatumbo sea un territorio de paz.

25 de abril de 2019

 

Firman:

Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo

Asociación MINGA

Centro de Estudios para la Paz - CESPAZ Equipo Jurídico Pueblos

International Action for Peace - IAP

Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia - REDHER Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU Alianza de organizaciones Sociales y Afines

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar

Colombia diversa

Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz - PODERPAZ Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano - FUNDESUMA Asociación Víctimas de Crímenes del Estado -ASORVIMM

Centro de Cultura Popular José A. Galán, Capítulo Santander

Corporación Compromiso

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - seccional Antioquia Corporación Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño Corporación Jurídica Libertad

Santamaría Fundación

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos

Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -Sintraemcali

Instituto Popular de Capacitación

Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja -Asodesamuba

Corporación para el Desarrollo Regional

Juventud Rebelde - Norte de Santander

Corporación Jurídica Libertad Fundación Sumapaz Fundación Tierra Patria Asopuertoasis