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Con el fin de mantener un acercamiento constante entre las autoridades indígenas y el sistema judicial ordinario, se reactiva en Antioquia, la Mesa Interjurisdiccional, escenario que permitirá la coordinación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial Indígena y a través de la cual se buscará crear una ruta articulada que garantice disminuir los índices de impunidad registrados en el departamento.

La abogada de la Organización Indígena de Antioquia, quien hace parte del Pueblo Embera Chamí, Nury Yagarí, explicó que este espacio busca abordar las principales problemáticas de la justicia en los territorios, fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena y coordinar las estrategias para articular acciones concretas alrededor de delitos en contra de las mujeres y la niñez, al agregar que muchas comunidades podrán también conocer las acciones y programas de las entidades que trabajan en materia de interjusticias.

Según la Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, a través de la Mesa Interjurisdiccional de Antioquia, se pretenderá además darle un enfoque regional a las políticas nacionales de coordinación entre las dos justicias, al explicar que será necesario crear un autoreglamento que establezca el funcionamiento de la mesa para que la ésta sea efectiva y alcance los objetivos que se trace.

Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Antioquia, Darío Estrada, manifestó que existe todo el interés en apoyar a las autoridades indígenas del departamento a través de procesos formativos, para que se pueda aplicar una justicia acorde a la cosmovision particular de cada pueblo indígena y que ésta garantice el cumplimiento de las sanciones establecidas según el delito y el reglamento interno de la comunidad que aplica la sanción, de otro lado manifestó, que desde la rama judicial, se tiene toda la disponibilidad para recepcionar los casos a los que renuncia la Justicia Especial Indígena.

En la mesa participan representantes del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el INPEC, la Defensoría del Pueblo, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, USAID, OIM, UNICEF, ONU Mujeres, OACNUDH y MAPP/OEA y delegados de la Organización Indígena de Antioquia y del programa Licenciatura de la Madre Tierra de la OIA y el Alma Mater.