Denuncia y posición política del movimiento indígena acerca del genocidio que se viene presentando con los pueblos indígenas
Territorio ancestral de San francisco, Toribio.
Minga es unidad por la vida, la dignidad y el territorio
Las autoridades ancestrales, las guardias milenarias y las comunidades indígenas somos el fruto de un largo proceso de pervivencia de los pueblos originarios, que ancestralmente hemos habitado estos territorios, en consciencia profunda del ordenamiento natural, revelado desde el mundo espiritual por la vivencia de la ley de origen.
Pasando por los tiempos de la Cacica Gaitana, Juan Tama, Manuel Quilos y Ciclos, Quintín Lame y los 48 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, las comunidades, somos herederas de un gran sueño, construido y reafirmado en los diferentes congresos y asambleas comunitarias llevadas a cabo por nuestro proceso, que ha mandatado la necesidad de ser nosotros mismos quienes dirijamos el destino de nuestras vidas, desarrollando formas de convivencia armónicas con la madre tierra que retomen lo ancestral y los mandatos comunitarios, escuchando, comprendiendo y orientando, desde la parte espiritual, la familia, la comunidad, y la autoridad a partir de los sentidos de la vida; e interactuando con otras culturas.
En este sentido desde la llegada de la invasión, hemos resistido con la fuerza asombrosa de nuestro espíritu a la violencia cíclica, que de un periodo a otro se sigue reproduciendo con otros sujetos, otras armas, y otras estrategias cada vez más sofisticadas, menos evidentes, que constituyen en estos tiempos un panorama difícil por la persistencia de altos índices de robos, secuestros, amenazas, asesinatos sistemáticos, desapariciones, enfrentamientos y el reclutamiento de jóvenes y menores.
Desde el periodo en que se firma el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC – EP estos hechos se recrudecen, registrando entre enero de 2016 y Julio de 2019, 738 homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 161 en el departamento del cauca, 40 de ellos dentro de nuestro proceso organizativo.
En ello la desaparición de las FARC-EP como fuerza político militar está acompañada de una recomposición de poderes y de negocios en la zona; transformación que comenzó desde 2015 en lo que las FARC-EP llamaron su economía de guerra, la cual teniendo en cuenta el secuestro, se relaciona con la distribución de rentas y seguridad armada de los negocios de la cocaína, la marihuana y la minería en los eslabones locales, regionales e internacionales, escenario actual de disputa en nuestros territorios por las nuevas relaciones de dominio territorial con todas sus implicaciones, en las que contamos seis grupos armados con presencia en el departamento, grupos residuales o emergentes, lo mismo que narco-paramilitares.
En 2019 los cultivos ilícitos llegan a 171 mil hectáreas, cifra sin precedentes en la historia, pero de manera contradictoria, durante todos estos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, con miles de hectáreas fumigadas con glifosato y sometidas a erradicación forzada.
A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”- es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?
Frente a esto el gobierno actual estigmatiza nuestras comunidades y nos culpa de no querer dejar entrar a la fuerza pública en nuestros territorios, a sabiendas que ya existen más de 7 bases militares, con puestos de policía en todos los municipios y constantes monitorios aéreos, a pesar de los reclamos de autonomía que hacemos los pueblos indígenas, sin ninguna efectividad real, ni respuesta satisfactoria para solucionar esta problemática. Y es que para nadie es un secreto la estrecha relación que existe entre narcotráfico y poder tradicional que anida en la institucionalidad colombiana, con el lavado de activos, el aceite a campañas electorales y la complicidad de entidades del estado que convirtieren al narcotráfico en una estrategia del poder tradicional para conquistar nuestros territorios, mediante la destrucción de los tejidos y procesos sociales, hilados a lo largo de décadas de lucha por el derecho a la tierra y una vida digna.
Para estos poderes, el recorrido de los 48 años de vida del CRIC, en su proceso de autonomía y la búsqueda de reconocimientos de la institucionalidad frente la exclusión permanente con relación a la tierra productiva, el buen vivir, la salud, la educación y la defensa de la madre tierra, son un peligro para sus intereses.
Algunas de nuestras conquistas, que son el desarrollo de poner en práctica el anhelo histórico de la reforma agraria, nos han convertido en un referente que quieren destruir con leyes y fusiles, que nos tiene por más de 60 años sumidos en un proceso de guerra que no es nuestra, pero que ha afectado profundamente los aspectos cosmogónicos, culturales y territoriales que nos hacen parte de un numero calculado de 8 millones de víctimas.
En esto vivimos una fuerte desesperanza a un proceso de paz, al cual brindamos el apoyo y del cual fuimos los primeros en buscar una salida negociada, pero al que hoy asistimos con la negación de parte de estos gobiernos a los planteamientos de una paz integral, con todas sus reformas regresivas, los tratados de libre comercio, y la exacerbación de la guerra.
Frente a esta situación requerimos de un diálogo con el presidente Duque de gobierno a autoridades ancestrales y de todos los pueblos de Colombia a un debate de alto nivel para discutir sobre el conjunto de políticas que consideramos contrarias, y reiteramos el llamado a concertar con los pueblos sus propias visiones del desarrollo para el estado y el buen vivir para nosotros.
Llamamos a los demás pueblos de Colombia, y a los movimientos sociales, estudiantiles, obreros, urbanos y comunidades rurales para que de manera conjunta reactivemos acciones que ayuden a visibilizar la problemática que hoy estamos viviendo, reactivando la Minga en todos sus aspectos.
No vamos a coordinar acciones con la fuerza pública, pues debemos de pactar un acuerdo definitivo para la solución a los cultivos de uso ilícito, a través del fortalecimiento de los planes de vida, así como el reconocimiento y fortalecimiento de los Kiwe Thegnas y las diferentes denominaciones de las guardias comunitarias afros, campesinas e indígenas, defensoras de la vida, para el ejercicio de control territorial convocando una gran minga nacional e internacional.
En ello desarrollaremos acciones de carácter humanitario y de control territorial, que nacen del acuerdo conjunto firmado entre las autoridades el presente año fundamento en la ley de origen, derecho propio, usos y costumbres del pueblo nasa, fallos del nasa üus yutx pehnxi, la resolución de Vitonco de 1985, la declaratoria de emergencia de la maría Piendamo en 1999, la resolución de autonomía en Pancitara del 2000, pronunciamiento de Toribio del 2011, los congresos territoriales, la ley 89 de1890 y los artículos 7, 10, 63, 246, 329 y 330, sentencias y autos emitidos por las cortes y demás normas de la constitución política a favor de los pueblos indígenas de Colombia, el convenio 169 de la OIT ratificado por la ley 21 de 1991, la declaración universal de los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU del 2007 y la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA del 2016.
Llamamos a la comunidad internacional para que continúe con su misión de observación y verificación, tanto de los acuerdos gobierno-insurgencia, pero también sobre la crisis humanitaria que vive Colombia y en particular la zona norte del cauca.
Afirmamos que las declaraciones de la ministra Nancy Patricia y su comitiva en reunión en la sede del Cric día 12 de agosto del presente año, no satisfacen ni dan respuesta a nuestras exigencias, por lo tanto, nos declaramos en asamblea permanente.
Llamamos al estado colombiano, exigiendo salidas inmediatas y concertadas para la solución de las problemáticas de las comunidades del norte del cauca fundamentalmente alrededor de los siguientes puntos:
- Problemática del narcotráfico con base a un plan integral de los pueblos indígenas, acorde con sus planes de vida.
- Fortalecimiento de la guardia indígena y de los mecanismos de control propio de los pueblos indígenas en el marco de la autonomía, el territorio y los sistemas propio
- Parar el genocidio a nivel nacional y especialmente en el norte del departamento del cauca
- Le necesidad de tierras productivas para las comunidades indígenas, y la democratización en la propiedad rural en Colombia
- Aclarar la presencia del cartel de Sinaloa.
- Precisar las acciones internas para la agenda que se tratará con las comunidades.
