ONIC

El Consejo de Gobierno Mayor de la Organización Indígena de Antioquia, las autoridades tradicionales y los cabildos mayores de los pueblos indígenas del departamento de Antioquia, en uso de las facultades legítimas y legales que le confiere la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho propio, la Constitución Política de Colombia y lo convenios internacionales, denunciamos y rechazamos el GENOCIDIO INDÍGENA que se registra en todo el país.

115 Líderes y lideresas han sido asesinados en el último año y como organización nos embarga profundamente el dolor por éstos hechos que ocurren a la luz de todo el país y la indiferencia de un Gobierno al que parece no importarle el asesinato y la persecución sistemática a los pueblos originarios y sus líderes, nos duele el asesinato de nuestro hermano y amigo Constantino Ramírez, fundador de la Organización Regional Indígena del Quindio, ORIQUIN, donde fue por varios periodos Consejero Mayor, y con quien construimos procesos políticos conjuntos.

Nos duele la muerte de Constantino Ramírez, pero también lloramos los muertos del Cauca, Nariño, Putumayo, Guajira, Chocó y por supuesto Antioquia, es claro que hay un plan sistemático que busca sembrar terror en los territorios y acabar poco a poco los pueblos indígenas. La realidad es que la vulneración de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas debe detenerse cuanto antes, pues estamos en inminente riesgo y peligro de exterminio físico y cultural, según Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. “En tiempos de paz” los asesinatos selectivos, las amenazas, la persecución a los líderes indígenas y las confrontaciones armadas en los territorios indígenas siguen poniendo en alto riesgo a las comunidades más vulnerables.

Asesinar a un líderes indígenas es asesinar la paz y la esperanza de construir una sociedad más justa y equitativa, por eso nosotros los Eyábida, Chamíes, Dóbidas, GunaDules y Senúes, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los órganos defensores de derechos humanos, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a los órganos de control, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, al Congreso de la República y en general a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a ayudar, acompañar y detener el derramamiento de sangre que hoy enluta el espíritu indígena nacional.

Hacemos un llamado también a nuestros hermanos y hermanas indígenas ha no desfallecer en la lucha y a continuar con ese mandato ancestral de nuestros mayores en el que se ratifique el caminar de los planes de vida en defensa de la vida y los territorios.

Finalmente, reiteramos nuestra imparcialidad frente al conflicto armado y las distintas fuerzas que lo protagonizan y por ello, seguiremos reivindicando nuestros derechos, trabajando por el fortalecimiento de nuestras organizaciones, luchando por territorio, cultura, gobierno propio y participación, pues estamos por una opción civil, democrática, pluralista y participativa que nos permita vivir en paz entre los hombres y de los hombres con la naturaleza, reír, soñar amarnos y morir de viejos.