ONIC

febrero 15, 2020

ACCION URGENTE

Las imágenes que cada semana se conocen en La Guajira de los sepelios en los que se despiden a los niños wayuu muertos por desnutrición, no se han detenido a pesar de los fallos, sentencias y órdenes para que se tomen medidas sobre el tema.

Desde hacen ocho años y hasta la fecha, más de 4.770 menores dejaron sus vidas en hospitales y rancherías, convirtiéndose en escalofriantes cifras que NO han sensibilizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo. Esta cifra la dio a conocer el magistrado de la Corte Constitucional ALBERTO ROJAS RÍOS en audiencia pública en la que el alto tribunal, junto a la Procuraduría General de la Nación, abordó en Riohacha las “problemáticas estructurales” que se describen en la sentencia T302, a través de la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira.

Según lo afirmó la Corte Constitucional en esa sentencia, las estadísticas de niños muertos por desnutrición “confirman una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil y es que los niños y niñas wayuu todos los días mueren de hambre”.
A este flagelo, visto como un negocio rentable para el ICBF y las fundaciones contratistas, se le suma también, los niños wayuu, quienes por falta de asistencia, en condición de mendicidad salen a las vías principales a pedir limosnas, sin que el ICBF, la Gobernación de la Guajira, diferentes alcaldías y entes de control se pronuncien al respecto.
Los diferentes pronunciamientos de organismos internacionales y las sentencias de las altas cortes del estado colombiano, solo se han convertido en un sofisma distractor, para que las mafias oscuras enquistadas en la Institución encargada de velar por el bienestar de los niños, se sigan lucrando del hambre, necesidad y vida de los niños wayuu.

El ICBF Regional Guajira, se ha convertido en la caja menor de la CORRUPCION que carcome a la institución encargada de velar por prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, en donde en los últimos cinco años se viene subastando de manera descarada la contratación para la atención de la primera infancia en los territorios indígenas wayuu. Esta práctica oscura, orquestada desde el centralismo Bogotano, tiene por costumbre dejar la dirección de la Regional bajo un encargo temporal y apenas llegan las fechas de adjudicación de contratos, apartan del encargo al funcionario delegado, para darle vía al funcionario asignado por el nivel central, quien viene con directrices específicas de debilitar la contratación de las asociaciones indígenas wayuu de la región, para ceder de manera arbitraria e inconsulta la millonaria contratación a fundaciones filiales a los intereses políticos y económicos de los políticos de turno quienes se hacen llamar los dueños del ICBF y/o a quienes a través de estos padrinos políticos pagan el alto costo tasado, para hacerse acreedor de estas contrataciones.

Mientras sigue la puja para acceder a los millonarios contratos de la atención a la primera infancia en la Guajira, los niños wayuu en los territorios indígenas se siguen muriendo de hambre y sed, sigue aumentando el número de niños en condición de mendicidad, quienes ante el silencio cómplice del ICBF y los órganos de control de la Guajira, estos arriesgan sus vidas en las carreteras nacionales, ya que se le tiran y/o atraviesan de manera intempestiva a los vehículos.

Esto sucede en la vía Riohacha, Maicao, cuya carretera se encuentra en reparación, la cual es aprovechada por los infantes para llamar la atención de los viajeros, así mismo en la vía alterna que atraviesa las localidades, de Mayapo, el pájaro, Manaure, hasta llegar al Municipio de Uribía; sigue la ruta sobre la vía que conduce a Puerto Bolívar, hasta llegar a las paradisiacas playas del cabo de la vela.
Pero tal pareciera que la prioridad del ICBF Regional La Guajira, es la adjudicación al mejor postor de la millonaria contratación para la atención de la primera infancia en los territorios indígenas wayuu.

Como ONG de Derechos Humanos, hacemos un llamado al estado colombiano, a los organismos de control y a las organizaciones de Derechos Humanos Nacional e Internacional, para que se pronuncien al respecto, así mismo requerir al ICBF nivel central y Regional, para que informen que acciones han implementado para contrarrestar este flagelo de la mendicidad en los niños wayuu, quienes salen a las vías arriesgando sus vidas por unos pedazos de pan y/o monedas que le puedan regalar los viajeros o turistas.