ONIC

Nuevamente, y de forma reiterativa, por distintos medios e instancias de participación con las entidades territoriales y las instituciones y entidades públicas locales y del nivel nacional, las autoridades tradicionales del resguardo Motilón Bari hemos solicitado el avance en las acciones correspondientes al cumplimiento de la Sentencia T-052 de 2017 en su Orden Tercera “a la Agencia Nacional de Tierras, y/o a las demás entidades que la hubieren sustituido en su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes, en el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de esta sentencia”.

Ya próximo a cumplirse cinco años desde que la Corte Constitucional emitió esta orden, no se evidencian acciones significativas para avanzar en el proceso de culminación del Estudio Socioeconómico de las zonas pretendidas por el pueblo Bari, pese a los diversos compromisos adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esto ha generado que se vengan agravando progresivamente las situaciones y problemáticas relacionadas con la no garantía y protección de los derechos territoriales adquiridos por el pueblo Bari como son: la colonización y la generación de asentamientos sin control; la deforestación indiscriminada que ha permitido el aumento de los cultivos de uso ilícito y, con ello, la degradación del conflicto armado en nuestro territorio ancestral con una afectación directa en nuestros derechos colectivos, individuales y territoriales. Todo esto, con la complicidad y la omisión del Gobierno Nacional ante la negligencia e inacción para cumplir con sus deberes constitucionales para garantizar la vida, la autonomía y la pervivencia cultural de nuestro pueblo, que como ha señalado la misma Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 nos encontramos en riesgo de exterminio.

Hemos sido persistentes en expresar nuestra preocupación frente a esta situación y por ello, haciendo uso de nuestro derecho fundamental a la protesta, el pasado mes de mayo participamos en el Paro Nacional y nos movilizamos pacíficamente hacia la ciudad de Cúcuta para expresar nuestras inconformidades y nuestra voluntad para apoyar en el avance de este proceso. A partir de allí, el Gobierno Nacional y la ANT se comprometieron en avanzar en las visitas programadas para realizar las caracterizaciones que permitan culminar el Estudio Socioeconómico, a las cuales siempre hemos estado dispuestos a acompañar para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los objetivos propuestos para ello, no obstante, hasta el momento no se ha realizado ninguna visita como tampoco ha sesionado la Mesa Territorio para presentar sus avances.