COMUNICADO DE OPINÓN PÚBLICA COMUNIDAD INDIGENA KARAMBÁ

por Comunicaciones

 

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

La parcialidad indígena Karambá del municipio de Quinchía, Risaralda, a través de sus autoridades tradicionales, alerta sobre el ataque inminente a los derechos étnicos territoriales y las garantías electorales de los miembros de la parcialidad indígena Karambá y la comunidad de mineros de Miraflores por parte de las multinacionales Anglo Gold Ashanti y minera Los Cerros. Informamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la MAPP OEA, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, a la Defensoría del Pueblo seccional Risaralda, a la ONIC y otras organizaciones indígenas hermanas, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, al Consejo Nacional Electoral, a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, a la Misión de Observación Internacional para las elecciones presidenciales 2022 y a la opinión pública en general sobre sobre los siguientes hechos:

  • –  Durante 10 años, la parcialidad indígena Karambá ha emprendido un proceso de resistencia frente a la entrada de multinacionales mineras a su territorio, principalmente las multinacionales Anglo Gold Ashanti y minera Los Cerros que, a través de su filial, Miraflores Compañía Minera S.A.S., han despojado a la comunidad de agro-mineros artesanales de la vereda Miraflores de sus títulos mineros, ordenando desalojos en numerosas ocasiones para el desarrollo de un proyecto de minería a gran escala para explotación de oro, cobre y otros metales. Estas acciones han derivado en hostigamiento, amenazas, desplazamiento forzado y rompimiento del tejido social y organizativo de nuestra comunidad, poniéndonos en grave riesgo de extinción física y cultural, de acuerdo con el plan de salvaguarda del pueblo Embera Chamí de Risaralda.

  • –  En este proceso, desde el 2015 venimos exigiendo nuestra garantía constitucional a la consulta previa, libre e informada mediante comunicados y acciones de tutela al Ministerio del Interior. Después de que se corroborara nuestra presencia en el territorio, el Ministerio inició un proceso de consulta en 2016 que solo contó con dos espacios efectivos de diálogo. Ante nuestras exigencias de una metodología clara, imparcial, objetiva y culturalmente adecuada, el Ministerio del Interior decidió cerrar arbitrariamente el proceso en la fase de pre-consulta sin acuerdos, permitiéndole a la multinacional intervenir predios sin titularidad de comuneros indígenas, fragmentando nuestro territorio y dificultando nuestra lucha por el saneamiento y formalización del territorio colectivo.

    • –  Desde el año 2009 de manera inconsulta y hasta la fecha, argumentando el cierre sin acuerdo del año 2016, la empresa ha desarrollado la etapa de exploración mediante perforaciones con grandes plataformas en nuestro territorio. Hemos evidenciado impactos graves en la disminución del caudal de nuestras fuentes hídricas por rompimiento de las fuentes de agua subterránea y nacimientos, además de los daños a la fauna y flora por la contaminación auditiva y residuos químicos de estos procesos.

    • –  El día 31 de mayo de 2022, advirtiendo las consecuencias de un cambio en el gobierno nacional, el director de la autoridad nacional de consulta previa del Ministerio del Interior expidió la resolución 39 de 2022, dando por concluido el procedimiento administrativo de consulta previa para los títulos mineros en nuestro territorio. Esto significa que, en momentos de coyuntura electoral, se estaría dando vía libre para terminar los estudios de exploración y de impacto ambiental para que la empresa pueda adelantar el proceso de licenciamiento ambiental en el menor tiempo posible, viabilizando la fase de explotación.

    • –  Desde el 1 de junio, los comuneros indígenas y los mineros tradicionales de la vereda Miraflores y sus alrededores, han venido denunciando hostigamientos, amenazas y decomiso de sus herramientas de trabajo por parte de la multinacional, debido a su resistencia a dejar implementar una gran plataforma de perforación a la vereda para la culminación de la etapa de exploración, así como del desalojo de todos los montajes mineros que se han instalado por décadas para la actividad de subsistencia. Aprovechando la precariedad a la que han empujado a las familias campesinas y mineras en el territorio.

    • –  Se manifiesta públicamente por parte de los trabajadores de la empresa minera entre otros, que “en Miraflores no hay indígenas” y que quienes se reconocen como pertenecientes a comunidades étnicas son unos “aparecidos” incurriendo en los términos de los artículos 134a y 134B del código penal respecto de acciones de hostigamiento y de discriminación de un colectivo en razón de su pertenencia étnica. Desconociendo el autoreconocimiento que ejercemos en el marco de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, además del censo protocolizado ante el Ministerio del Interior y la presencia ancestral de comunidades indígenas en el municipio de Quinchía documentado en diferentes libros de amplia y pública circulación.

    • –  Se ha venido presionando a los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal para convencernos de ceder en nuestra exigencia de derechos y garantías constitucionales como pueblo indígena en defensa de nuestra integridad territorial, 

      culpándonos de poner en riesgo los trabajos de los pocos obreros locales que han

      sido contratados por la empresa.
      – Hoy, sábado 18 de junio de 2022, hemos sido informados de una convocatoria para

      una presunta movilización de personas que laboran y están contratadas por la empresa para el día domingo, fecha de las elecciones presidenciales, con el objetivo de impedir el tránsito desde y hacia la vereda Miraflores, aprovechando la participación de los mineros y comuneros indígenas en la jornada electoral para ingresar la maquinaria de perforación a la zona de interés en la vereda Miraflores. Esto nos expone a una situación de confinamiento y fragmentación que, además de constituir una grave violación de nuestros derechos territoriales como pueblo indígena, también atenta con nuestros derechos a la participación democrática, lo que podría configurar el delito de constreñimiento al sufragante tipificado en la legislación penal.

      RESPONSABILIZAMOS

      • –  A las multinacionales Anglo Gold Ashanti Limited y Los Cerros Limited y a su filial Miraflores Compañía Minera S.A.S. por sus reiteradas acciones de violación a nuestros derechos étnico-territoriales, por su desconocimiento a nuestro ejercicio de autoridad indígena y por restringir la movilidad de la comunidad de Miraflores y las veredas vecinas, lo que podría constituir el delito de constreñimiento al sufragante en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el día domingo 19 de junio de 2022.

      • –  A la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior por atentar contra nuestras garantías constitucionales e internacionales como pueblo indígena a ser consultados de manera previa, libre e informada y a dar o no nuestro consentimiento frente a proyectos que ponen en riesgo nuestra pervivencia física y cultural en nuestro territorio.

      • –  Al alcalde del municipio de Quinchía, Absalón Trejos Arias, por negarse a posesionar a nuestro cabildo mayor legítimamente elegido por la Asamblea General de la Parcialidad Karambá el día 20 de noviembre del 2021, interfiriendo ilegalmente en las dinámicas del gobierno indígena e impidiendo el ejercicio de nuestros derechos. Adicionalmente, como máxima autoridad policiva del municipio, debe responder por las actuaciones que la fuerza pública podría ejercer en contra de nuestro ejercicio de autoridad étnica y garantías electorales durante la jornada de elecciones presidenciales.

      Convocamos a las entidades y organizaciones anteriormente citadas a monitorear la situación y a tomar acciones preventivas frente a lo que podría ser una violación grave e irreversible de nuestros derechos y garantías como pueblo indígena y como ciudadanos y ciudadanas de Colombia.

      Dado en Quinchía, a los DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022)

      Parcialidad Indígena Karambá

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