ONIC

Llamamiento presentado ante medios de comunicacion
#MINGA Nacional Por La Vida, es indefinida

La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, orientada bajo los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, y correspondencia con los mandatos, hemos venido tejiendo de manera comprometida y persistente la unidad entre pueblos indígenas y sectores como los afrodescendientes, campesinos, populares, ambientalistas, estudiantes entre otros, con la apuesta de aportar a la construcción de un país más justo e incluyente, para alcanzar el sueño de lograr un buen vivir para todos y todas y la certeza que solos y solas no podemos hacerlo.

Con este propósito, los Pueblos Indígenas de Colombia que históricamente hemos sido defensores de la vida, la paz, armonía y el equilibrio con la Madre Naturaleza hemos motivado  y participado de escenarios de convergencia como la Cumbre Campesina Étnica y Popular, La Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, las iniciativas de paz, los Movimientos políticos alternativos como  MAIS y Colombia Humana,  entre otros, que en los últimos años han planteado al país y la sociedad colombiana una propuesta de esperanza y transformación social.

En esta perspectiva de unidad nos encontramos en espacios importantes de convergencia como: La Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, realizada en octubre del 2018, el Encuentro de Organizaciones Políticas y Sociales, realizada en febrero 2019, donde participamos más 170 organizaciones sociales. Y la Comisión Política de la ONIC en 19 febrero 2019 donde convergemos alrededor de 50 organizaciones indígenas del país desde La Guajira hasta el Amazonas.

En los cuales hemos caracterizamos el momento actual y decidimos los siguientes puntos:

1. Frente al contexto, analizamos:

Colombia y América Latina atraviesan por una crisis como consecuencia de la agudización del modelo económico, social y político que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y aumenta la brecha de la desigualdad social, imponen gobiernos de extrema derecha que crean guerras para el despojo de los territorios, violan los derechos conquistados en las luchas, atacan las autonomías y soberanías de los pueblos y destruyen la madre tierra.

En particular en nuestro país, nos enfrentamos a un gobierno guerrista, que hace trizas la esperanza de paz, que incumple los acuerdos firmados para la terminación de un conflicto armado de más de 50 años, atacando especialmente la  Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que representa su columna vertebral, rompe el escenario de diálogo con la insurgencia del ELN, desconoce los escenarios de diálogo y los acuerdos pactados con el movimiento social colombiano, militariza la vida cotidiana con la política de defensa y seguridad reviviendo la historia de terror en el país,  continúa e intensifica la política de exterminio a líderes, lideras sociales y defensores de derechos humanos, evidencia de ello, que en lo transcurrido de este periodo  de gobierno, van más de 140 líderes asesinados y un total de 584 líderes y lideresas asesinados entre 1 enero 2016 y 9 febrero 2019, de los cuales más del 50% pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes.

Sumando a ello, vemos con preocupación que este gobierno impulsa un plan de desarrollo regresivo en los derechos conquistados en salud, trabajo, educación, entre otros, e intensifica un modelo extractivista que destruyen a su paso los páramos, ríos, boques, la vida y pervivencia de los pueblos. Promueve modelo agroindustrial en los territorios que desconoce al campesino como un sujeto de derechos. Aprueba políticas antipopulares en detrimento de la calidad de vida de todos las y los colombianos, y en especial frente a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas intenta reglamentar el derecho fundamental la Consulta Previa, Libre e Informada, para posibilitar la entrega de sus territorios a los intereses del capital trasnacional, tal como lo hizo con las consultas populares.

Para finalizar concluimos que es un gobierno donde impera la impunidad y la corrupción bajo el silencio cómplice de las instituciones como la Fiscalía.

2. Frente a esta realidad reafirmamos y decidimos:

Que es necesario juntar esfuerzos, unir las luchas y actuar conjuntamente para defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas y expresar nuestra voluntad de seguir construyendo la paz a través de una agenda común de movilización, acción política y unidad.

Impulsar una gran Minga o Movilización Nacional de carácter político que confronten al gobierno, su modelo económico, su agenda política, militar y social, motivando y articulando en una agenda común el proceso de movilización a partir el mes de marzo, con un momento de confluencia en el mes de abril, para mostrar en las calles la inconformidad con este mal gobierno, y que se articularia a la iniciativa del Refugio Humanitario para visibilizar a nivel internacional la grave situación de derechos humanos.

3. Como agenda de unidad y movilización se consensuó cinco (5) puntos:

• Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos.
• Defensa de los territorios para la vida.
• Defensa de los DESCA: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Acuerdos incumplidos con el movimiento social colombiano.
• Posicionamiento político y exigibilidad frente Plan de Desarrollo 2018-2022.

En este marco de la agenda nacional desde los Pueblos Indígenas desarrollamos las siguientes propuestas.

 

AGENDA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL MARCO DE LA MINGA NACIONAL.

 1. DEFENSA DE LA VIDA, LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS.

• Verdad y justicia frente al asesinato y amenazas de lideresas y líderes sociales e indígenas, autoridades tradicionales y espirituales, guardias indígenas y garantías de protección para su ejercicio político.
• Cumplimiento integral del Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Rechazo a la objeción presidencial e intención de acabar la Jurisdicción Especial para La Paz –JEP. Y cumplimiento integral del Capítulo Étnico, acordado con los Pueblos Indígenas y afrodescendientes para la salvaguarda de sus derechos colectivos.
• Reactivación de los diálogos con el ELN para avanzar la construcción de la paz completa.
• Investigación y acciones de judicialización de las estructuras paramilitares que siguen delinquiendo en los territorios y contra los Pueblos Indígenas.
• Oposición a la política defensa y seguridad que pretende la militarización de los territorios y legaliza las acciones criminales.
• Reconocimiento a la protesta como derecho fundamental y rechazo al tratamiento de guerra. Inclusión en el marco del protocolo de la protesta social resolución 1190 del 2018, el reconocimiento a las estructuras de gobierno propio y formas tradicionales de manifestación de los Pueblos Indígenas en correspondencia normatividad internacional.
• Rechazo a la modificación de la ley de víctimas desarrollo del plan de choque concertado PND para la implementación del decreto 4633 – 2011 de los Pueblos Indígenas.
• Rechazo a la utilización de nuestros territorios para ejercer acciones militares en contra de países vecinos y afectando pueblos indígenas en situación de frontera.

2. DEFENSA DE LOS TERRITORIOS PARA LA VIDA.

• Rechazo del proyecto de Ley que modifica la ley 160- 1994, ya que no cumplió la ruta de consulta previa con los Pueblos Indígenas y además es un proyecto lesivo para los pueblos indígenas y resto del País, que legaliza el despojo violento de los territorios, restringe la función social y ecológica al uso de la tierra.

• Defensa de la Consulta Previa, Libre e Informada: exigimos cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, mediante la Ley 21 de 1991 que establece la obligatoriedad de la realización de la consulta con los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y reiteramos nuestra oposición a la reglamentación que contradice el mismo Convenio.

• Oposición a la política minero energética que afecta principalmente los territorios indígenas del país, y destruye la Madre Tierra.

• Suspensión de mineras en territorios indígenas:  excluir de minería los territorios indígenas y otras áreas protegidas, como Parques Nacionales, páramos, fuentes hídricas, zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrollen procesos recuperación de semillas nativas. Eliminar la declaratoria de la minería como sector de utilidad pública. 

• Frente a la Normativa de hidrocarburos: Se exige no considerar parte del potencial hidrocarburífero del país, los territorios indígenas. No serán consideradas áreas disponibles o reservadas los territorios indígenas, estas serán patrimonio inalienable de la humanidad. 

• No aceptación al fracking en el territorio nacional por ser una práctica, altamente contaminante y destructiva de la madre tierra y de los recursos hídricos.

• Exigimos consultar con los pueblos indígenas las rutas de sustitución y conversión de cultivos llamados de uso ilícito considerando lo resuelto en la sentencia T 236-2017 de la corte constitucional y lo planteado en el Capítulo étnicos del acuerdo de paz. Declaramos territorios indígenas libres de glifosato.

• Oposición a la iniciativa de derogación del artículo 173 de la ley 1753 de 2015 que salvaguarda los páramos de las actividades agropecuarias y de exploración y explotación de sus recursos naturales.
• Derogación de la resolución 970 de 2010 conocida como ley de semilla que atenta la autonomía, la soberanía y economía propia de los Pueblos Indígenas.

 

3. LA DEFENSA DE LOS DESCA: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.

• Garantizar Educación salud como derechos fundamentales, de carácter público y gratuito y de calidad.

• Se exige una ruta de reparación y compensación de los pasivos o afectaciones ambientales causadas por los proyectos de explotación: mineras, petroleras e hidroeléctricas, en primer lugar, Hidro Ituango por la afectación de nuestro río Cauca. En este sentido para su protección se exige el reconocimiento del Rio Cauca como sujeto de derechos.

• Siendo que la corte constitucional reconoció al rio Atrato como sujeto de derecho a través de la sentencia T 622-2016 y al rio Amazonas con la sentencia de la corte suprema de justicia STC- 3470 del 2018. Y el Tribunal Administrativo de Boyacá que reconoció al páramo Pisba como sujeto de derechos. Exigimos una ruta de seguimiento e implementación de dichas sentencias con todos los organismos competentes.

• Que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC- consulte con los Pueblos Indígenas el Proyecto de Ley 152 de 2018, ya que claramente vulnera el derecho a la Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas en Colombia.
• Garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales para la protección de la diversidad biológica, promoviendo participativamente programas de fomento a los Sistemas de Semillas Nativas propios de los Pueblos Originarios. Implementar la Ruta Indígena del Plan Semilla concertada con AGROSAVIA y elevar la Resolución 464 de 2017 a categoría de Ley.
• El estado debe reparar a los Pueblos Indígenas por la contaminación transgénica del maíz nativo presente en resguardos indígenas demostrada por ONIC con apoyo del Ministerio de Agricultura.

• Reconocer la existencia de la emergencia humanitaria en los departamentos de Choco, Guaviare, Vichada, Guajira por los altos niveles de desnutrición infantil y madres gestantes, por tanto exigimos un plan de Nutrición integral con enfoque diferencial.

 

 4. ACUERDOS INCUMPLIDOS. 

• Cumplimiento de acuerdos sobre derechos territoriales. Para ello se requiere: 1. Ampliar la asignación presupuestal que el sector ha destinado para resolver las demandas territoriales de los Pueblos indígenas. 2. Avanzar en el cumplimiento de las metas y acuerdos pactados en mingas anteriores 2013, 2015, 2016, 2017 y en diferentes espacios nacionales y regionales que a la fecha están incumplidos respecto de la titulación de territorios en favor de los Pueblos Indígenas. 3. Concertar y expedir una norma especial que permita agilizar los procedimientos de legalización de territorios para los Pueblos Indígenas. 4.  Expedir el decreto de reconocimiento de los Resguardos de Origen colonial. 5. Cumplimento del acuerdo de 2016, para la implementación del Decreto 2333-2014 para la delimitación y demarcación de territorios ancestrales. 

• Expedir de manera inmediata el Decreto que reconoce competencias ambientales a las autoridades indígenas el cual ya fue concertado y protocolizado en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones indígenas. 

• Cumplir el acuerdo Minga 2016 y Capitulo Étnico del Acuerdo de paz respecto a la guardia indígena. “El Gobierno Nacional se compromete a trabajar con las autoridades indígenas en un mecanismo para el reconocimiento jurídico, definición de competencias para garantizar ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del gobierno propio indígena en el marco de la jurisdicción especial indígena. Y establecer: Un proyecto de inversión para fortalecimiento de la guardia indígena y las formas propias de control social de los Pueblos Indígenas, el cual será definido con la ONIC para garantizar ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del gobierno propio indígena en el marco de la jurisdicción especial indígena”. 

• El Gobierno nacional, realizará la modificación normativa para incorporar el acuerdo protocolizado con la MPC, sobre el aumento del 1% para SGP. 

• El Gobierno Nacional se compromete a reglamentar e implementar efectivamente el decreto 1953 -2014, y garantizar los recursos para la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP- y el Sistema de Salud indígena Propia e Intercultural –SISPI-. 

• Cumplir los acuerdos establecidos en la Minga 2016 sobre Víctimas en el marco del Decreto Ley 4633 del 2011 y planes de salvaguarda que ordena el auto 004- 2009. 

• Exigimos que el gobierno cumpla sus obligaciones respecto a medidas cautelares por la CIDH a favor del pueblo Wayuu, que refuerza la corte constitucional en sentencia T 302 -2017 a favor de los niños, niñas adolescentes y mujeres gestantes para garantizar su vida e integridad. 

• Cumplimento de la Agenda reivindicativa de los Pueblos Indígenas de los Departamentos. Considerando que con cada territorio se han establecido mesas regionales y acuerdos con las instituciones departamentales, se incorpora en esta agenda de movilización las solicitudes planteadas al respecto por cada organización regional.

5. POSIONAMIENTO POLÍTICO Y EXIGIBILIDAD FRENTE PLAN DE DESARROLLO 2018-2022.

• Garantizar la inclusión de los acuerdos pactados en la MPC de manera integral, las 216 propuestas concertadas y los 10 billones de pesos en las bases del plan, el articulado a la Ley y en el Plan Plurianual de Inversión, tal como se protocolizó en sección de MPC, en el marco de la Consulta Previa e Informada. Se exige que cualquier modificación a estos acuerdos sean consultados y concertados en la MPC. Así como la inclusión de las metas e indicadores los cuales no han sido incorporados por parte del Gobierno Nacional, a pesar que los Pueblos Indígenas presentaron una propuesta de los mismos. 

• Concertar un régimen de la capacidad jurídica de la contratación pública especial de los cabildos y autoridades de los pueblos indígenas y se requiere un régimen de la contratación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

Finalmente considerando que desde el 10 de marzo del presente año nuestros hermanos Indígenas, Campesinos, Organizaciones Sociales y Populares en la Minga del Suroccidente se encuentran movilizados en  reclamo legítimo de sus Derechos, han sido víctimas de accionar brutal del ESMAD y de  las Fuerzas Militares; y víctimas de continuos señalamientos del Ministro de Defensa Nacional y el Fiscal de la Nación; y consternados por la gran tragedia que nos enluta al Movimiento Indígena Colombiano por los hechos ocurridos el 21 de marzo donde 8 compañeros indígenas perdieron la vida, en el marco de la preparación de la Minga Nacional Por la Vida, producto de una explosión que es objeto de la investigación de la Jurisdicción Especial Indígena -JEI.

Exigimos que ante la opinión pública el Ministro de Defensa Guillermo Botero y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira se retracten por las acusaciones y señalamientos realizados contra el Movimiento Indígena y los responsabilizamos de las afectaciones que podamos sufrir por esta razón.

En consecuencia, decidimos hacer una llamado a todos los Pueblos Indígenas de Colombia y el Movimiento Social colombiano para que se fortalezca en todo el territorio nacional las acciones de solidaridad y movilización.

Exigimos al Gobierno Nacional con sus diferentes ministerios se presenten en el territorio del Resguardo Nasa Emberá Chami ´La Delfina´ - Valle del Cauca, a partir del día miércoles 27 de marzo del 2019, para establecer un diálogo y concertación sobre la agenda propuesta como conjunto del Movimiento Indígena Nacional. Respaldamos la exigencia de la Minga Sur Occidente para que el Presidente de la República vaya al Cauca y se siente con los Pueblos y Organizaciones movilizadas.

Solicitamos al Ministerio Público como Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación para que sean garantes en este dialogo y realicen respectivo seguimiento.

A la Fiscalía General de la nación para que presente informes sobre los avances de las investigaciones adelantadas frente a los asesinatos y amenazas a líderes, lideresas sociales e indígenas.

Al Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional hacer presencia permanente para acompañar y servir de garantes.

Las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos para acompañar y velar por el respeto a los derechos humanos.

 

¡En Unidad caminamos la Palabra, por el Cuidado y Defensa del Territorio, la Vida y la Paz!

 

#MingaNacionalPorLaVida

#SeValeProtestar

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