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Gobernador en Túquerres los adoptó. Gozan de cupos universitarios y se libran del servicio militar.

Los taitas indígenas de Nariño andan en ceremonias con yagé y blandiendo ramas de gaira sache para que vuelva la armonía al resguardo de Túquerres, hoy dividido por un aumento inusitado de su población: de 1.326 a más de 23.000 personas en menos de cuatro años.

De hecho, el tema, que tiene un trasfondo económico y electoral, ya pasó del campo de los espíritus a la Fiscalía y al Ministerio del Interior.

Los que se proclaman indígenas ‘puros’ acusan al gobernador del resguardo, Silvio Lagos Tobar, de meter un ‘mico’ en el reglamento que le permite, desde noviembre de 2009, ‘adoptar’ a cualquiera como indígena.

El fin, aseguran, es aprovecharse de las gabelas que la Constitución les otorga a los indígenas, tales como el ingreso preferencial a universidades públicas, subsidios y hasta la posibilidad de no prestar el servicio militar.

“Cada seis meses presenta hasta 600 jóvenes para que los exoneren del Ejército y él cobra plata por cualquier constancia”, dice Juan Gerónimo Ascuntar, quien denunció a Lagos penalmente.

Su versión la confirman datos obtenidos por EL TIEMPO en la Oficina de Reclutamiento del Ejército, donde figura que entre 2011 y 2012 se salvaron de pagar el servicio 2.363 indígenas de Túquerres, casi el doble de los indígenas ‘puros’.

Y aunque –en retribución a ese tipo de beneficios– los ‘adoptivos’ deben incorporar sus tierras a las 512 hectáreas colectivas del resguardo, nadie lo ha hecho.

¿Interés electoral?

Los indígenas ‘puros’ dicen que el gobernador Lagos se lucra de la gratitud de los adoptivos para sacar provecho electoral y lograr su reelección indefinida, a pesar de que las normas indígenas lo prohíben.

Según el reglamento, los periodos de gobernador son solo de un año, prorrogable uno más, y Lagos lleva diez.

Esto llevó a los ‘puros’ a realizar comicios paralelos, en los que eligieron a Ascuntar, el denunciante.

Pero los adoptivos son más y sus votos le han permitido a Lagos conquistar una curul en la Asamblea departamental y apoyar candidaturas a alcaldías, gobernación y hasta al Congreso.

Esa doble faceta le costó a Lagos, en 2006, perder la investidura de diputado.

El Consejo de Estado determinó que era incompatible que ostentara a la vez una curul y los cargos de gobernador indígena del resguardo de Túquerres y de representante legal de la IPS indígena Jualián Carlosama, rol por el que recibe un reconocimiento económico.

Esa IPS tiene 25.000 usuarios –incluidos los ‘puros’ y adoptivos– y 1.800 millones de pesos de presupuesto.

También administra la plata que les da la Nación –137.000 pesos anuales por indígena– y los giros del programa Familias en Acción.

En su defensa, el senador indígena, Germán Carlosama, dice que Lagos es un luchador social, con muy buena gestión, que ha sacado adelante al resguardo y que por eso es reelegido.

Pero EL TIEMPO indagó en el Ministerio del Interior y estableció que allí también hay dudas sobre el “crecimiento desmesurado” de indígenas, por lo que les han pedido explicaciones y solo les están girando aportes por los ‘puros’. “Deben explicar si fue un desplazamiento o qué. Hemos notado que en época electoral, los censos se inflan en resguardos”, admitió el director de Asuntos Indígenas, Santiago Posada.

Por ahora, el Tribunal Superior de Nariño estudia una tutela que le pide anular a los adoptados y sacar a Lagos. Pero el gobernador, que ya ha ganado varios procesos, dice que no hay indígenas ‘falsos’ y que la propia comunidad es la que lo reelige por su gestión.

‘Sí son indígenas’

Censo será revisado

El gobernador indígena del resguardo de Túquerres Silvio Lagos, le aseguró a EL TIEMPO que los indígenas que han ‘inflado’ el censo no son falsos sino gente que, por error, no había sido incluida en el censo oficial hecho en 1985.

“Nacieron en el territorio y tienen acá su familia. Lo que pasa es que el Gobierno ha objetado el censo porque no le conviene”, explicó. Anunció que el Incoder está validando los datos de población y que habrá un resultado en dos meses. “Van a salir quienes se nieguen a incorporar sus tierras particulares al resguardo”, advirtió. Además justificó el cobro de algunas certificaciones para reclamar gabelas, a los gastos de papelería, pero dijo que no eran más de mil pesos. Sobre las libretas militares, aseguró que solo ha presentado grupos de máximo 80 jóvenes anuales. Finalmente admitió que ha apoyado candidatos que no son indígenas.: “Pero han sido aliados de nuestras causas”, dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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