Reiteración denuncia: Vulneraciones a los derechos fundamentales a los Pueblos Indígenas en frontera
- por Soporte
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• Situación de los Pueblos Amorua, Sáliba y Sikuani en Puerto Carreño, Vichada.
La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, REITERA la denuncia realizada el pasado 30 de julio de 2019, por la cual exigíamos acciones concretas, con enfoque indígena y CONCERTADAS para enfrentar la grave vulneración de los derechos fundamentales y derechos humanos de los Pueblos Indígenas en frontera, en especial el trato ilegal dado por las entidades locales del departamento del Vichada y las graves Omisiones del Gobierno Nacional, en particular el Ministerio del interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, pero no exclusivamente frente a los hechos que se presentan en el relleno sanitario El Merey de la capital del departamento del Vichada.
Para ver la denuncia original realizada por la ONIC, véase la información en el siguiente link: https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3090-vulneraciones-de-los-derechos-fundamentales-a-los-pueblos-indigenas-en-frontera
Denunciamos que, tras la alerta temprana emitida por la Delegada Indígena de la Defensoría del Pueblo en el mes de julio, se debía generar una ruta de atención por parte de las autoridades gubernamentales del orden local y nacional.
Que, pese a lo anterior, la ONIC se enteró por terceras personas que se planearon reuniones en la ciudad de Puerto Carreño en las que no se citó ni se contó con la presencia de autoridades indígenas ni la participación de las Organizaciones Locales: ASOCSIAM, ORPIBO, AUTIPC, CRIVI ni de la ONIC. Igual de preocupante, es que no se hubiera citado a la reunión a la Defensora del Pueblo del Vichada, pese a la necesidad de vincularles como los encargados del seguimiento a la alerta temprana.
Esta situación denota que el gobierno nacional y local en vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y en especial a ser consultados, están adoptando medidas sin la concertación necesaria.
En reunión del 3 de septiembre de 2019 en la ciudad de Puerto Carreño, representantes de tres organizaciones incluidas la ONIC, ingresaron a la reunión de gobierno donde se estaban discutiendo las medidas. El pedido general fue que era necesario citarse y construir la ruta de manera conjunta con los pueblos y las organizaciones para evitar así las acciones con daño, que se presentan por desconocer las características de cada pueblo. Frente a esta petición el señor RICARDO ARIAS MACÍAS director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, secundó la solicitud y requirió que fuéramos citados y vinculados en el proceso.
Pese a lo anterior, nos enteramos que como consecuencia de las notas periodísticas emitidas entre ayer y hoy, nuevamente las entidades buscan unilateralmente adoptar medidas que, reiteramos, no cuentan con el enfoque indígena constitucionalmente obligatorio.
A saber, los link de las notas periodísticas:
Esta situación va a generar una acción con daño, pues miembros del ICBF se han dirigido al relleno sanitario con el fin de adoptar medidas, sin embargo cabe denunciar que las condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de restablecer derechos, no se debe entender como responsabilidad de los padres ni mucho menos separar los hogares. La situación que se atraviesa es una responsabilidad conjunta de la situación por la que atraviesa Venezuela, y por la sistemática vulneración de derechos de la que es responsable históricamente el Estado colombiano.
La separación de los hogares, constituiría no una medida de restablecimiento de derechos, sino una acción con daño tendiente a atacar la unidad y el soporte cultural que los niños indígenas requieren. Por lo anterior, denunciamos desde ya las posibles vulneraciones que puede causar el ICBF si no concerta las medidas.
En reiteradas ocasiones, de manera irresponsable e ilegal, funcionarios de la dirección de asuntos étnicos del Ministerio del Interior, han acudido a los espacios en la frontera con Venezuela donde están desinformando a los miembros de los Pueblos Indígenas en frontera. En contravía con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, engañan a los indígenas provenientes de lado venezolano de la frontera, al negarles su derecho a la binacionalidad, por el contrario y de manera arbitraria les indican que son un venezolano más. Esto además de vulnerar el derecho a la nacionalidad especial de los indígenas en frontera, vulnera el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Denunciamos al Ministerio del Interior y exigimos a las entidades de control como la Procuraduría y la Defensoría para que investiguen el proceder de estos funcionarios y adelanten las acciones disciplinarias a que haya lugar.
Denunciamos que la política de “Retornos y Reubicaciones” que se están implementando en las poblaciones en frontera, son abiertamente ilegales, pues no cuentan con asidero legal para su proceder, y adicionalmente en una aplicación analógica a la ley de victimas (L1448 de 2011 y D 4633 de 2011), no se están cumpliendo con los requisitos de: Voluntariedad, Seguridad y Dignidad.
Es así como, en un acto aberrante y discriminatorio el Alcalde de Puerto Carreño, subió a indígenas a Volquetas en un claro acto indigno, donde expuso a la gente a riesgo de sufrir un accidente.
Estas medidas no solo atentan contra la dignidad de los pueblos indígenas por el trato indigno al que fueron sometidos, sino que adicionalmente dan fe de la posición racista y discriminatoria de las autoridades locales, quienes solo han empleado este tipo de medidas frente a los indígenas provenientes de Venezuela, pero no así con ningún venezolano no perteneciente a esta etnia.
Denunciamos que en repetidas oportunidades y bajo el eufemismo de “retorno”, se han expulsado a indígenas de pueblos fronterizos del territorio nacional, lo que implica un destierro si se toman como colombianos o, inclusive llevando el discurso falso del gobierno, se trataría de una deportación como venezolanos.
Por lo anterior exigimos:
1. Que se investiguen de manera disciplinaria y penal el proceder de los diferentes funcionarios del gobierno nacional y local conforme a lo relatado.
2. Que cesen de manera inmediata las acciones no concertadas y que producirán acciones con daño.
3. Que se respeten los acuerdos y se vinculen a las organizaciones indígenas locales y nacionales y a la Defensoría del Pueblo.
Contacto:
Aida Quilcué Vivas - Consejera de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, DDHH y Paz ONIC: 3107871382.
