ONIC

 

En materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, nos permitimos denunciar los hechos más recientes ocurridos en contra del Pueblo Awá, los cuales se suman a las afectaciones históricas que en el marco del conflicto armado socavan los derechos de los 102 Pueblos Indígenas en Colombia, y que se entienden como un riesgo inminente en contra de las comunidades y la Organización. Desde la ONIC, a través de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, coadyuvamos el comunicado que nos remite nuestra organización filial UNIPA para poner en conocimiento lo siguiente:

Hechos:

1. El día lunes 27 de enero, siendo las 9:00 AM, Leonardo Canticús Paí, hermano Awá, quien en la actualidad acompaña el proceso de lucha y resistencia como Guardia indígena, cayó en una mina antipersonal, sufriendo heridas que ocasionaron daños graves e irreparables en sus extremidades inferiores y superiores. En éste momento, Leonardo pertenece a la comunidad de Peña Caraño, Resguardo Indígena Awá de Hojal La Turbia, municipio de Tumaco, Nariño.
2. La mencionada comunidad se encuentra ubicada en la frontera con Ecuador, a dos días de camino por trocha desde la carretera Pasto – Tumaco, ó por vía fluvial, a ocho horas atravesando los ríos San Juan y Mira; la información que tenemos hasta el momento es que nuestro hermano aún no llega a la carretera debido a la distancia entre el lugar de los graves hechos y la misma.
3. Leonardo Canticús Paí es padre de tres menores de edad, en el momento de los hechos se encontraba caminando hacia la frontera con Ecuador, lugar donde lo esperaban sus familiares. El hecho sucedió en plena trocha comunal, lugar de constante tránsito de la comunidad, incluyendo niños, niñas, mayores y demás personas que habitan esta parte del territorio, lo que hace sospechar que probablemente hayan más artefactos abandonados en la zona en mención.
4. Informamos a la opinión publica los graves hechos de los cuales siguen siendo víctimas dentro del territorio Awá, y aunque éste pueblo indígena se encuentra protegido por autos emitidos por la Honorable Corte Constitucional (Autos 004 de 2009 y 174 de 2011), y por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son mínimos los esfuerzos que el gobierno nacional hace por salvaguardar su existencia física, espiritual, psicológica y cultural.

Solicitudes: 

Observando los hechos previamente descritos, la ONIC rechaza de manera tajante la sistemática vulneración de Derechos Humanos afrontada por el Pueblo Awá, motivo por el cual coadyuva cabalmente el comunicado emitido por la UNIPA, en el cual se presentan las siguientes solicitudes:

1. “Hacemos un llamado a la mesa negociadora del proceso de Paz que se adelanta en La Habana (Cuba), representada por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, que de manera urgente tomen determinaciones frente a un desminado en todo el Territorio Colombiano, debido a que estos hechos son reiterativos y los únicos perjudicados somos las personas que habitamos en los diversos territorios, que ésta acción sea un resultado de la Mesa Negociadora del proceso de Paz.
2. Al Gobierno Nacional: Reparación a las víctimas del conflicto armado, del cual es objeto el Pueblo Awá, de manera individual y colectiva.
3. A los actores armados: Que tomen conciencia de los daños que ocasionan sus formas de lucha, y cambien de estrategias con respecto a la siembra indiscriminada de minas antipersonales; porque nos vulneran derechos adquiridos ancestralmente sobre nuestro territorio”.

 

Por lo antes descrito, nos permitimos solicitar:

1. Al Ministerio del Interior y a todas las entidades con obligaciones demarcadas en el marco de la Medida Cautelar, y de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el marco del Auto 174 de 2011, para que teniendo en cuenta la gravedad de la situación presentada, se cite, discuta y resuelva con carácter urgente la Mesa Awá, garantizando la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación y demás derechos en cabeza del Pueblo Awá.

2. A la UNP, para que se otorguen las respectivas medidas de seguridad, previo estudio de riesgo, de la comunidad de Peña Caraño – Resguardo Indígena Awá de Hojal La Turbia, municipio de Tumaco, departamento de Nariño, y se estudie previo acercamiento con la comunidad las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los mismos y de las autoridades indígenas que a la fecha se encuentren en riesgo latente.

3. Al PAICMA, para que verifique la situación denunciada por la UNIPA, resguardo indígena Awá de Hojal La Turbia, en cuanto a la presencia de MAP, MUSE y AEI en el territorio, y se generen los escenarios pertinentes para promover acciones de desminado humanitario con carácter urgente.

4. Al SNARIV, especialmente a la UARIV, para que en observancia del Decreto Ley 4633 de 2011, inicien las acciones a las que haya lugar de manera integral para atender de manera urgente al señor Leonardo Canticús Paí, a su familia, a la comunidad y pueblos afectados, por los hechos descritos.

5. Al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, para que con el permiso de las Autoridades Indígenas y previo diálogo con la organización UNIPA, verifique la situación ocurrida y advierta de la persistencia e inminencia del riesgo afrontado por el Pueblo Awá.

6. A la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, para que verifiquen los hechos descritos y genere desde sus competencias las garantías necesarias en materia de exigibilidad de derechos ante las entidades obligadas a actuar, para prevenir y proteger a quienes se encuentran afectados por esta grave denuncia.

7. A la Comisión Interamericana y Corte Constitucional para que se tome el presente reporte como un hecho a estudiar en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas y del Auto 174 de 2011, dando cuenta de la constancia e incremento de hechos victimizantes vulneratorios de los derechos del Pueblo Awá.

8. A las agencias internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil solidarias con los Pueblos Indígenas, para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano que realice las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos de las comunidades indígenas en mención.

CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, DIH Y PAZ

 

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC)