ONIC

 

Bogotá D.C., mayo 6 de 2015.

 

Participamos del consenso nacional que definió la paz como un objetivo común a alcanzar y lo hicimos en la convicción de que la paz no es solo el silencio de las armas sino desactivar factores de índole social, económico, cultural, ambiental y político que están arraigados y vinculados al ejercicio excluyente del poder, a la imposición de intereses de grupos dueños del mismo, a la inequitativa distribución de la riqueza, a la indiferencia de las autoridades y del común de los ciudadanos frente a los impactos nocivos y daños causados a la tierra y quienes la habitan.

Por ello la relación paz y desarrollo debe resolverse beneficiando el real interés de las mayorías en la perspectiva de lograr condiciones de vida digna y buena para todos, en especial para los más vulnerados en sus derechos, como lo son los niños, los ancianos, las madres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades negras, los campesinos pobres.

El PND es el instrumento que señala el camino a recorrer en el cuatrienio para lograr el desarrollo social de un país. "Todos por un nuevo país" es el nombre dado al actual y creemos entender que debe implicar una amplia participación ciudadana en la definición del rumbo del país y la firme decisión de construir una nación con equidad y en paz.

Son diversas las críticas que se han hecho al PND, algunas de las cuales compartimos y consideramos que no fueron suficientemente escuchadas y debatidas. Las minorías políticas y étnicas seguimos siendo excluidas del terreno de las decisiones fundamentales y es estrecho el espacio de incidencia que se nos reconoce.

A pesar que el gobierno nacional adelantó el proceso de consulta previa en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas sobre el PND, fue un proceso accidentado que implicó para los indígenas acomodarse a la estructura ya establecida, antes que un esfuerzo de la institucionalidad por adecuarse a las condiciones de un país multicultural, como debiera ser. Una vez más se puso en evidencia la dispersión y descoordinación institucional que pone en cuestión la existencia de una institucionalidad estatal adecuada y eficiente que responda a las realidades y necesidades de los pueblos indígenas y la ausencia de presupuestos determinados desde un enfoque de derechos para atender las necesidades territoriales y otras de los pueblos indigenas.

Una meta específica en materia territorial para Pueblos Indígenas y especialmente para Pueblos en riesgo de extinción se requiere. Es necesario que el gobierne reconozca los territorios indígenas como escenarios de paz.

La consulta previa no puede estar sujeta a los vaivenes de las administraciones y de las iniciativas del desarrollo público o privado, desconociendo los planes de vida de los pueblos indígenas. Debe entenderse que es un derecho fundamental que garantiza la pervivencia de los Pueblos Indígenas y la conservación de sus territorios y no un obstáculo para el desarrollo del país. Debe efectuarse en el marco de las normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y su marco reglamentario consentido de manera previa, libre e informada en los espacios de concertación entre pueblos indigenas y gobierno nacional.

El ajuste de la institucionalidad y la adecuación de la oferta de bienes y servicios deben incluir procesos de concertación con los Pueblos Indígenas

En atención a la gravísima situación que padecen los pueblos indígenas de la Orinoquia y el riesgo de exterminio físico y cultural en el que se encuentran numerosos pueblos que han sufrido el despojo de tierras que han sido declaradas baldías, es necesario que se demarquen los territorios indígenas y se titulen a dichos pueblos, a la vez que se garanticen programas adecuados que enfrenten su grave situación alimentaria.

El desarrollo económico de la Amazonía debe reconocer y fortalecer proyectos que estén relacionados con las economías propias y tradicionales de los pueblos indígenas. Es decir, que el desarrollo no puede concebirse solo en términos de los intereses agroindustriales y minero-energéticos o de obras de infraestructura.

Los licenciamientos ambientales y concesiones mineras que se han otorgado en los territorios indígenas sin garantizar el derecho a la consulta previa, normas ambientales y derechos de los pueblos indígenas deben ser objeto de una comisión de revisión de títulos y concesiones conformada por los pueblos indígenas y el Gobierno Nacional.

Se requiere una mayor atención con acciones concretas y presupuestos diferenciales en las políticas de reparación a las víctimas indígenas que incluyen sus territorios.

Se deben concentrar mayores esfuerzos encaminados al diseño de indicadores culturalmente adecuados o metas diferenciales, en particular a lo relacionado con Pueblos Indígenas y Pueblos en Riesgo, los cuales han sido exigidos insistentemente por la Corte Constitucional, así como indicadores frente a la diversidad cultural y la conservación del ambiente natural.

El crecimiento verde el gobierno lo propone como una actividad económica para generar desarrollo a costa de la explotación de la naturaleza y sus recursos, mientras nosotros insistimos en un desarrollo integral que respete los derechos de todos los seres vivos y reconozca la interdependencia entre todos para garantizar la vida en paz y comprometida con las generaciones futuras.

La relación entre pueblos indígenas y gobierno nacional debe ser transparente y promover la unidad como principio organizativo de dichos pueblos y organizaciones representativas absteniéndose de usar mecanismos que busquen romperla.

Debemos tomar conciencia que el postconflicto no es una fase o etapa que arranca de la dejación de las armas, sino que desde ahora debemos poner en marcha acciones y propuestas que cimienten la paz desde lo local. En particular seguimos insistiendo como medidas previas, en la desmilitarización de los territorios, en la entrega de información que permita el desminado de los mismos, y en que sean devueltos a sus autoridades los comuneros indígenas que han reclutado, en especial mujeres, niños y jóvenes.

La multiculturalidad implica la existencia de diversas formas de comprender el mundo, el Plan Nacional de Desarrollo debe destacarse por tener un carácter intercultural, en el que se reconozcan, incluyan, y dialoguen las diferentes concepciones sobre desarrollo, bienestar, producción, manejo de recursos naturales, entre otros.

 

 

 

MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA.  

Senador
Alianza Social Independiente ASI.

LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA.

Senador
Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS.

GERMAN CARLOSAMA.

Representante
Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

EDGAR CIPRIANO MORENO.

Representante
Alianza Social Independiente ASI.