Los pueblos indígenas del Cauca perseguidos por procesos de Liberación de la Madre Tierra.

por ONIC

[caption id="attachment_10093" align="aligncenter" width="458"]CP Comisión Política de ONIC reunida este 21 y 22 de mayo en Corinto, Cauca.[/caption]

 

 

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2015.

 

 

 

Desde el mes de Noviembre de 2014 a la fecha, los Pueblos Indígenas del Norte de Cauca vienen adelantando un proceso de liberación de la Madre tierra, ejercicio que a todas luces implica la recuperación de derechos de carácter ancestral y que nace como respuesta, entre otras razones, a la desterritorialización y al constante incumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional.

De la manera más lamentable, este proceso ha estado atravesado por la represión, persecución, criminalización, judicialización y estigmatización por parte de actores armados, políticos y económicos y, a pesar de ser contradictorio, por los señalamientos y acciones en cabeza de entidades e instituciones del Estado colombiano.

Como consecuencia directa de esta situación se cuentan más de 250 heridos, 1 compañero líder y guardia indígena asesinado por el ESMAD, 1 masacre cometida por actores paramilitares, 2 compañeros torturados, asesinados e incinerados e incontables amenazas individuales y colectivas. Lamentablemente la situación no tiende a mejorar y se encuentra legitimada por quienes están llamados a proteger los derechos exigidos y reivindicados por los hermanos(as) que lideran el proceso de liberación territorial en el Cauca.

No siendo suficiente con lo anterior, a partir del 21 de mayo el accionar de la fuerza pública se recrudeció; solo en la zona se podían contar más de 800 efectivos del ESMAD, cerca de 300 policías armados con fusil y aproximadamente 500 militares, todos concentrados en Municipio de Corinto. Resulta inconcebible que la sociedad civil, las víctimas directas del conflicto armado, seamos tratadas como actores armados, como actores de guerra.

Dentro de las acciones más graves en cabeza de la fuerza pública se encuentran, la destrucción indiscriminada de los cultivos de pancoger sembrados por la comunidad, a través del uso de retroescavadoras, uso de gases no convencionales, granadas aturdidoras, recalzados y rifles de copa, caucheras de largo alcance, armas de fuego, entre otros elementos; hechos que, en sí mismos implican una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Agrava la situación el fichaje efectuado sistemáticamente por la fuerza pública, que da cuenta de la detención ilegal, retención de documentos de identidad y celulares, grabaciones y seguimientos por parte de la fuerza pública, sumado a la remisión de información falsa y publicación de la misma en medios de comunicación.

Dos casos recientes dan cuenta del panorama previamente presentado: El 22 de mayo fue detenido y registrado de manera irregular el vehículo del representante nacional de la Guardia Indígena, Lucho Acosta; las personas que se encontraban en el vehículo fueron maltratadas verbalmente, requisados por la Policía Nacional y grabadas en todo momento por personas de civil. Como resultado de los abusos en mención fueron incautadas tres caucheras; información que posteriormente fue tergiversada y emitida en medios de comunicación locales y nacionales, afirmando que los elementos incautados correspondían a material explosivo.

El 23 de mayo, en un puesto de control del ESMAD, los compañeros Hector Favio Dicue, Manuel José Liz, Ariel Arango y los guardias indígenas que les acompañaban, fueron grabados y fotografiados, al igual que sus documentos de identidad.

Circunstancias como las descritas pueden entenderse como falsos positivos tendientes a generar odios y segregación en contra del ejercicio de recuperación territorial y, a toda luces, incrementan el nivel de riesgo que afrontamos los Pueblos Indígenas en general y las comunidades indígenas en el Norte del Cauca en particular.

Consideramos que el accionar de la fuerza pública debe atender estrictos parámetros normativos nacionales e internacionales, motivo por el cual solicitamos a todas las entidades e instituciones competentes, en especial al Ministerio Público, que inicie las acciones disciplinarias y penales a las que haya lugar tendientes a sancionar a los(as) funcionarios que hayan incurrido en practicas excesivas, desbordando las facultades otorgadas en el ejercicio de sus cargos.

Solicitamos a los medios de comunicación que emitieron la nota de prensa sin corroborar sus fuentes, una retractación pública y de amplia difusión, sobre los señalamientos calumniosos reportados y a la Fiscalía General de la Nación que oficiosamente de inicio a las acciones penales a las que haya lugar derivadas de los eventos reportados.

A pesar de la velada represión, los Pueblos Indígenas seguiremos luchando por nuestros legítimos derechos territoriales. ¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!

COMISIÓN POLÍTICA

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC).

 

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Carmen Rosa Guerra Ariza, celular: 311 435 8499.

 

Comunicaciones ONIC:

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