ONIC

 

 

 

 

 

 

El gobierno y la guerrilla no nos pueden imponer la guerra escalando las acciones armadas y  avanzando en la violencia y el irrespeto a la vida y a los derechos de las comunidades y de la naturaleza, no pueden hacer fracasar la más alta posibilidad de solución política del conflicto armado que se ha generado en la historia de Colombia de las últimas décadas.

 

 

Hemos evaluado en conjunto con otras organizaciones sociales y valoramos como positivos el cese unilateral del fuego que implementó las FARC y la suspensión de bombardeos por parte del Gobierno; lamentamos que no se hayan continuado estas acciones de avance hacia el acuerdo definitivo.

 

 

Exigimos el cese bilateral del fuego y mandatamos desmilitarización de parte y parte en nuestros territorios, de ninguna manera aceptamos que ellos sean invadidos e irrespetados por quienes hacen la guerra. Realizaremos todas las acciones necesarias de control territorial para exigir la garantía para la construcción de nuestros planes de vida con dignidad e identidad, sin imposiciones armadas o del modelo económico.

 

 

Esta misma semana, lunes 22 de junio, acá en Tierradentro, en el resguardo de Santa Rosa,  el ejército asesinó al comunero Enrique Bastidas de la comunidad indígena de San Andrés de Pisimbala, con el agravante que luego lo querían presentar como un guerrillero muerto en combate, versión ésta que RCN y otros medios publicaron, criticando a las autoridades indígenas por denunciar el asesinato.

 

 

Situaciones similares a esta que se presentó en el municipio de Inza, han ocurrido en otros municipios como Paez, Caldono, Totoro y Caloto. El Gobierno nacional dice que “sí se cometieron errores: el Estado paga”. En este orden de ideas, nos preguntamos: ¿cuánto le costará a los que se han adueñado de Colombia legalizar el exterminio total de los indígenas con recursos del presupuesto nacional?

 

 

Sabemos que hay sectores agroindustriales, bancarios, extractivistas, armamentistas, que se benefician de la guerra y se oponen al proceso de paz en conjunto con partidos políticos radicales de derecha y de personas que se han enquistado en cargos públicos; ellos están influenciando en la opinión nacional a través de los medios de comunicación para que se suspenda la mesa en la Habana o se acabe con este proceso, pero estratégicamente ocultan la tragedia humanitaria que vivimos los sectores rurales en el país y de manera particular en el departamento del Cauca y las comunidades indígenas.  Ellos ganan con sus negocios en la guerra pero también ganan con la muerte de campesinos, indígenas y afrocolombianos y con la expulsión y el despojo territorial de las comunidades locales y el exterminio físico y cultural de las comunidades indígenas. No les duele tampoco ni importa la muerte de soldados, policías y guerrilleros ya que ellos no son sus hijos, hijas, hermanos o hermanas.

 

 

Las organizaciones sociales de Colombia, el movimiento popular, las victimas individuales y colectivas, debemos constituirnos en el actor fundamental de la construcción de la paz. No es solo entre el Gobierno y la guerrilla que se debe tramitar la solución del conflicto armado, pues la paz es asunto de todos los colombianos y las colombianas. Debemos unirnos entre todas las comunidades rurales y urbanas del país para lograr la paz con justicia social y democracia en un país intercultural; con nuestra movilización y resistencia lograremos que cese la guerra y que podamos construir una Colombia con garantía de derechos individuales, colectivos y para la madre naturaleza.

 

 

En esta Junta Directiva, el Espacio Regional de Paz del Cauca presentó la propuesta de organizar un evento departamental para manifestarnos contra el gobierno nacional y contra la guerrilla en el escalamiento que vienen haciendo del conflicto armado y contra las afectaciones y violaciones a las comunidades y personas y para exigir el cese bilateral del fuego y el respeto a los territorios indígenas, campesinos, afros y urbanos.  Como CRIC nos movilizaremos hacia adentro de las comunidades para el logro del control territorial y el trámite de asuntos relacionados con el conflicto armado; igualmente nos movilizaremos hacia afuera en unidad con las organizaciones sociales tanto en el Cauca como en el país para luchar por una paz integral.

 

 

Igualmente hemos recibido el informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC  y la convocatoria a una gran movilización nacional en el próximo mes de agosto, contra la minería y contra el modelo económico que nos despoja de nuestros territorios y acaba con la vida; movilización que se plantea en conjunto con la Cumbre agraria campesina, étnica y popular. Se requiere aportar allí todas nuestras fuerzas pues como lo sabemos el Gobierno Nacional no está dispuesto a cambiar el modelo extractivista y ha dicho que el tema de la minería no se negocia: entonces no lo vamos a negociar, lo vamos a conquistar ya que sin territorio no hay paz ni posibilidades de pervivencia. El CRIC debe estar directamente en la organización de esta movilización desde el Cauca y no delegar en instancias nacionales.

 

 

Nuestra experiencia de 44 años de lucha nos indica el derrotero de la unidad interna de la organización, del movimiento indígena nacional y de las organizaciones sociales para poder lograr una paz integral sin conflicto armado y con respeto de nuestros territorios y vida digna para las comunidades. Reivindicamos la agenda de paz del movimiento indígena y continuaremos  avanzando hacia “una paz más allá de los actores armados”.