ONIC

Habana, 18 de julio 2015.

 

 

La presente es la declaración producida luego de la reunión que sostuvieron en la ciudad de La Habana el 18 de julio de 2015 delegados del Frente Amplio por la Paz, representantes de iglesias, integrantes de las Constituyentes por la paz, Red Universitaria por la Paz y de organizaciones locales de víctimas con la Delegación de Paz de las FARC-EP acerca de la veeduría del alto al fuego unilateral anunciado por la guerrilla el 8 de julio de 2015: Se aproxima el 20 de julio, fecha emblemática para nuestro país que este año estará acompañada con la buena noticia del inicio del sexto alto al fuego unilateral anunciado por las FARC-EP el pasado 8 de julio. Durante los cinco meses del más reciente de ellos, iniciado el 20 de diciembre de 2014, el Frente Amplio por la Paz realizó a través de sus organizaciones y de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y ciudadanas la veeduría al cumplimiento de este compromiso. Esta tarea se recogió en cinco informes que dan cuenta en cifras y aspectos cualitativos de los beneficios de acallar los fusiles y sembrar hechos de paz y convivencia para el país, en particular, para los pobladores que viven en las zonas de mayor incidencia del conflicto armado. La disminución significativa de muertes y heridas en acciones bélicas, así como el ahorro de recursos económicos durante este período resultaron históricos, y contrastan con el doloroso balance de los momentos de desarrollo e intensificación del conflicto armado. El Frente Amplio pudo constatar que además de evitar la muerte o las lesiones a la integridad de muchos miembros de la Fuerza Pública e integrantes de la guerrilla; la ostensible disminución de la afectación de la infraestructura, así como la suspensión de bombardeos, permitieron a la población civil el ejercicio de sus derechos a la vida, a la integridad y a las garantías sociales. También dimos cuenta de acciones ofensivas de la Fuerza Pública en las que se evidencia violación a principios del DIH en persona de los insurgentes e igualmente afectaciones a la población civil. Es claro que la terminación del alto al fuego unilateral de las FARC-EP dejó atrás lo alcanzado, y para tristeza de todas y todos trajo nuevamente dolor y destrucción del territorio. Las organizaciones que suscribimos este comunicado consideramos que los tres acuerdos preliminares a los que se ha llegado, las declaraciones de alto al fuego unilateral, el comienzo del programa de descontaminación de los territorios de artefactos explosivos, el anuncio de la desvinculación y no reclutamiento de menores de edad, y los otros gestos unilaterales o bilaterales de carácter humanitario han sido un resultado de gran valor del proceso de paz, que esperamos fructifiquen pronto en el cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades. De nuevo aceptamos el llamado de la Delegación de Paz de la guerrilla a realizar la veeduría del alto al fuego unilateral, esta vez en conjunto con iglesias y las Constituyentes por la Paz; hecho que consideramos relevante no solo para las tareas encargadas, sino para la posibilidad de fortalecer los lazos con otros sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la transformación efectiva de nuestro país. Exigimos al Gobierno las garantías necesarias para ejercer esta labor. Saludamos el acuerdo sobre pedir la participación de un representante del Secretario General de Naciones Unidad y otro de la Presidencia de UNASUR para las tareas de verificación.

Creemos firmemente que es hoy el momento de orientar el proceso de paz por el camino irreversible del desescalamiento del conflicto armado, del cese bilateral definitivo al fuego y a las hostilidades, y de los acuerdos que pongan la base de la paz estable, democrática y duradera. Creemos que llegó el momento de pactar un acuerdo con un concepto amplio de justicia, que tenga en su base la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También llegó el momento de desistir del ultimátum como método de negociación, de las advertencias de pararse de la Mesa de Conversaciones, de desescalar el lenguaje belicista predicando con el ejemplo propio. Esperamos que esta vez el desescalamiento se materialice en acciones recíprocas por parte del Estado y de las Fuerzas Militares conforme al acuerdo dado a conocer recientemente por las partes, y anunciamos que en esta ocasión también haremos veeduría social y ciudadana a los compromisos que ha adquirido el Gobierno en esta materia. Queremos advertir nuestra preocupación por la persistencia, o nueva presencia, del paramilitarismo en extensas zonas del país, la continuidad de los nexos con los agentes del Estado, la presencia de los representantes de la parapolítica y sus herederos en las próximas elecciones. Nos preocupa que se esté preparando una nueva fase del desarrollo de este fenómeno como estrategia paramilitar para poner en peligro el escenario posterior a la firma de los acuerdos. Por eso otorgamos gran importancia a la creación de una comisión para la no repetición del paramilitarismo como parte de los acuerdos de La Habana. De igual forma, rechazamos la nueva ola de capturas, investigaciones e imputaciones a reconocidos líderes sociales y defensores de derechos humanos, el uso de la fuerza contra la protesta social, la persecución contra los miembros del Congreso de los Pueblos y de Marcha Patriótica. Sobre estos dos aspectos anunciamos que elaboraremos en el próximo mes un informe de nuestra veeduría. El movimiento social en Colombia de iniciativas por la paz alcanza gran articulación y confluencia. Por ejemplo, las plataformas de organizaciones reunidas en Clamor Social por la Paz; los procesos rurales y populares convocados en la Cumbre Agraria; sectores del sindicalismo como la CUT y la USO, avanzando en el proceso de construcción de un espacio multilateral por la paz. En este escenario hemos construido una nutrida agenda común; la asamblea de trabajadores por la paz, las cumbres regionales y nacionales por la paz, las constituyentes nacionales por la paz, todas estas apuestas buscan confluir en diciembre en un encuentro en el que el objetivo es construir el movimiento social por la paz. Estamos convocando a otros sectores del espectro social, político y religioso a reunirnos en el Encuentro Nacional de Paz los próximos 22 y 23 de julio para potenciar esta agenda, para proteger la negociación de La Habana e iniciar urgentemente el diálogo con las otras insurgencias. Hacemos un llamado urgente a toda la sociedad colombiana a avivar su sentimiento por la paz, creer que es posible construir juntos un país en armonía y esperanza para las presentes y futuras generaciones, sumarse a los millones de veedores y veedoras que creemos en la paz; así como reiteramos nuestro llamado a los medios de comunicación a promover la construcción de nuevos imaginarios de reconciliación y esperanza que encaminen el sentir de los colombianos y colombianas a apostar por el fin de la guerra en todos los territorios. También reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional y al ELN a iniciar con prontitud la fase pública del proceso de conversaciones y la creación de la mesa de diálogos entre ambas partes.

La paz con justicia social que soñamos y que vamos a materializar debe ser integral, duradera y democrática.

FRENTE AMPLIO POR LA PAZ / REPRESENTANTES DE IGLESIAS