ONIC

Bogotá D.C. 19 de Noviembre de 2015.

Gobierno Nacional anuncia reglamentación de la Consulta Previa a espaldas de los Pueblos Indígenas y étnicos

 

Hoy, jueves 19 de noviembre se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, la audiencia pública “¿Reglamentar o no? Consulta previa y otros mecanismos de participación”, convocada por los congresistas Luis Evelis Andrade Casamá, Ángela María Robledo,  Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, la cual tiene como objetivo escuchar las posiciones de grupos étnicos y comunidades campesinas frente a los obstáculos que actualmente existen para garantizar la participación efectiva de estos grupos sociales.

De manera particular se discutirá sobre la visión de los Pueblos Indígenas y de las comunidades afrocolombianas frente a la presentación de un proyecto de Ley estatutaria de origen gubernamental que reglamentaría la Consulta Previa.  Por parte de la ONIC participará Patricia Tobón Yagarí - jurista Embera Chamí, Consejerìa de Territorio ONIC.

Asimismo se debatirá sobre la ausencia de mecanismos de participación para comunidades campesinas y los obstáculos que los gobiernos locales, el gobierno nacional y órganos de control han puesto a la realización de consultas populares como medio para participar en decisiones sobre el ordenamiento territorial.

A la audiencia fueron invitados Pedro Santiago Posada – Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior -, Fernando Iregui Mejía  - Director Agencia Nacional de Licencias Ambientales -, Luis Fernando Andrade – Director Agencia Nacional de Infraestructura - Mauricio de La Mora – de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como Patricia Tobón – Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Daniel Garcés – Proceso de Comunidades Negras -, delegados del Coordinador Nacional Agrario y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Héctor León Moncayo – Investigador de ILSA, entre otros académicos interesados en la defensa de los derechos de estos grupos.

 Las comunidades étnicas  ven con desconfianza los intentos de reglamentación de la consulta previa, aunque no hayan adelantado una acción de gran magnitud encaminada a rechazarlos, ya que consideran que si bien es necesario aclarar diversos aspectos de procedimiento frente al tema de la consulta, este es un asunto que les compete a ellas autónomamente y que no puede desviar la atención sobre la esencia del derecho a la consulta que no es otro que garantizar otros derechos fundamentales de los grupos étnicos.

El senador Luis Evelis Andrade Casamá afirmó que “la consulta previa ya está reglamentada, que la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio Internacional 169 de 1989, es clara. Las comunidades indígenas y afrodescendientes esperan que el Estado garantice sus derechos, así como la correcta y oportuna aplicación de las reglas definidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.  Agregó que la consulta previa como derecho fundamental es, además, una oportunidad para que el Estado escuche a las comunidades y la ejecución de los proyectos resulte en pro del interés general.

A juicio del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, “Es necesario que el gobierno nacional, tenga en cuenta las diferentes visiones sobre consulta previa que tienen las comunidades étnicas afectadas, sus propuestas y la pertinencia de la presentación del proyecto de ley estatutaria por parte del Gobierno, que a propósito, no las ha tenido en cuenta ni siquiera en la formulación del mismo”. Igualmente, el parlamentario manifiesta la necesidad de reformar la Directiva Presidencial No.10 de 2013 sobre consulta previa, ya que “como está formulada no respeta los derechos de los grupos étnicos y se ha convertido más en un obstáculo para el desarrollo y no como la garantía de un derecho fundamental a la cual está obligado el Estado en virtud de normas internacionales de derechos humanos”.  

 

 Para el senador Iván Cepeda,  “La consulta previa a las comunidades étnicas en los distintos proyectos minero-energéticos y en las obras infraestructura en Colombia ha sido nula. Aunque se han ido ganando espacios en las luchas sociales y en las instancias judiciales, como la Corte Constitucional, han surgido otros obstáculos para no realizar la consulta. Por eso, el Gobierno y el Congreso deben contar con la participación de los grupos étnicos antes de debatir el proyecto que reglamente este mecanismo, pues es un tema que atañe a la soberanía nacional, a la defensa del ambiente y a la supervivencia de las comunidades, como elemento esencial en la construcción de la paz”.

Por su parte, el Senador Alberto Castilla se refirió a la manera como los mega-proyectos también afectan tierras y territorios campesinos e impactan la economía campesina, base de la soberanía alimentaria de la nación: “Los grandes proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura han impactado negativamente a los grupos étnicos y su derecho a la consulta previa no ha sido debidamente garantizado. La situación del campesinado colombiano es aún más precaria, pues el Gobierno ni siquiera reconoce a campesinos y campesinas como grupo social ni su representación política. En consecuencia, el gobierno ha venido obstaculizando  mecanismos ya reconocidos como la consulta popular. Nosotros demandamos el reconocimiento del campesinado como grupo social y que se les brinde un mecanismo de participación efectiva para tomar parte en todas las decisiones que los afecten”.

De igual forma, Ángela Robledo, representante a la Cámara señaló que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y negras que es necesario regular de tal manera que se garantice su protección efectiva. "Es necesaria una regulación que brinde a las comunidades de herramientas que les permita garantizar la participación y la representatividad de las diversas comunidades que confluyen en el territorio.

Ángela Robledo aseguró que los representantes del Estado están llamados a proteger los derechos fundamentales de estas comunidades en vez de atacarlos y deslegitimarlos: “He escuchado en varias oportunidades al vicepresidente Vargas Lleras emprender contra estas consultas. Uno podría asegurar que el vicepresidente es enemigo de la consulta previa.