ONIC

La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC denuncia los hechos de violencia y despojo territorial del cual son víctimas los pueblos indígenas Sikuani, Piapoco, Piaroa y Cubeo, en grave riesgo de exterminio físico y cultural, ubicados en el departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, por parte de funcionarios(as) públicos, quienes desconociendo la obligatoriedad de la especial protección que se debe a los pueblos indígenas y a sus territorios[1]; así como la posesión ancestral que éstos hacen de estos espacios, y aprovechándose de la condición nómada y semi nómada en la que se encuentran estos pueblos, que los conlleva a una desprotección manifiesta; hacen uso de procesos judiciales y policivos con el fin de entregar territorios indígenas a particulares que los reclaman con un título obtenido de mala fe, desconociendo igualmente estos postulados.

En el mes de junio, la inspección de Policía de Cumaribo inició un proceso para despojar de su territorio ancestral a la comunidad indígena que hacía posesión legal de su territorio tradicional, bien conocido como ‘Las Brisas’, ubicado en el casco urbano del municipio, el cual fue titulado al señor Parmenio Gómez Blanco. Mediante fallo del 28 de mayo de 2014, el inspector de Policía de Cumaribo ordenó desalojar a más de 500 indígenas pertenecientes a los pueblos Sikuani, Piapoco, Piaroa y Cubeo, que se encontraban en éste terreno.

Durante la inspección ocular que se realizó, no se tuvo en cuenta la condición de indígenas ancestrales de sus ocupantes, e igualmente, se omitió verificar los límites del predio y no se certificó la explotación económica del predio por parte del señor Gómez.

Éste caso no puede tenerse como aislado, pues se sabe que en el departamento del Vichada (así como en otras zonas de la Orinoquía y la Amazonía), las autoridades e instituciones del Estado han adjudicado ilegalmente territorios indígenas a terceros, muchas veces figuran ser testaferros de empresas que desean invertir en la Orinoquía para proyectos de explotación, situación conocida como ‘El cartel de los Baldíos’.

Casos como el de Ripialito (Primavera – Vichada) y Puerto Colombia (Puerto Carreño- Vichada), son sólo algunos de los que muestran que existe una amenaza contra estos pueblos, debido a que sus territorios ancestrales son usurpados por terceros que buscan complicidad en los procesos administrativos y judiciales para vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todas las instituciones nacionales, departamentales y municipales que tengan competencia para defender los derechos de los Pueblos Indígenas, a las organizaciones internacionales y nacionales; con el fin de evitar que se haga el lanzamiento de ésta comunidad, hasta tanto no cuenten con todas las garantías procesales para éste caso.

Igualmente, solicitamos a la Inspección de Policía de Cumaribo y a la Alcaldía Municipal, suspender dicha diligencia como medida provisional, hasta tanto se garanticen los derechos de ésta comunidad indígena.

[1] En la sentencia T-129 de 2011, la Corte Constitucional dijo “…la Constitución brinda a las comunidades étnicas una protección especial sobre las costumbres, la autonomía y el territorio, salvaguarda que no sólo se extiende y termina en la norma, sino que debe ser prestada de forma efectiva por las autoridades. Desconocer dichas garantías pondría en peligro la identidad de los pueblos étnicos y llevaría a destruir la independencia que las caracteriza, con notorio daño para la conservación y adecuado desarrollo de sus culturas y creencias. Así, si la propiedad colectiva sobre el territorio étnico es un derecho del pueblo respectivo, la regla correlativa es el respeto y defensa por parte de todos los organismos del Estado y por supuesto de los particulares.”.

 

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